Cerco a las ‘loot boxes’ o cajas botín de los videojuegos para frenar la ludopatía

La futura norma contempla multas de hasta tres millones de euros para las infracciones de mayor gravedad
Las empresas del sector preparan alegaciones por el daño reputacional a su imagen que supondrá el texto legal

Leemos en abc.es:

Las cajas de recompensa que ofrecen mejoras para alcanzar un nivel extra, pasar de pantalla o retocar los atributos de un personaje virtual dentro de un videojuego a cambio de dinero están en el punto de mira del Ministerio de Consumo. La ley concreta que regulará las ‘loot boxes’ o cajas botín -que a día de hoy incorporan los videojuegos más populares del mercado- contempla la prohibición del acceso a estos métodos de recompensa a los menores para evitar comportamientos ludópatas y el consumo compulsivo de estos mecanismos parecidos a los juegos de azar. Este veto a la entrada para aquellos usuarios que tengan menos de 18 años se realizará a través de una verificación documental como el DNI o herramientas de biometría.

Además, para los mayores de edad se introducirán otras opciones para limitar estos desembolsos adictivos. Las restricciones podrán ser parciales en el tiempo de juego y el importe máximo de gasto y totales, con un sistema de autoexclusión para aquellas personas con problemas de adicción que voluntariamente se vetan a sí mismos el acceso. Los operadores también quedarán sujetos a la obligación de dar información veraz sobre las probabilidades reales de obtener un premio.

También queda prohibida la publicidad en cartelería exterior o medios impresos de estos mecanismos. Por otro lado, se restringe la publicidad online, incluidas las redes sociales, en paginas no relacionadas con los videojuegos y en radio y televisión. Solo quedará libre de restricciones la franja de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada para los anuncios que promocionen las ‘loot boxes’. Es decir, esta medida concreta será idéntica a la que aprobó hace más de un año el Gobierno con el fin de frenar las campañas publicitarias de las casas de apuestas digitales.

No obstante, desde Consumo puntualizan que en ningún caso se equipararán los videojuegos en general a los juegos de azar. Por ello, esta actividad de entretenimiento en las pantallas se podrá seguir desarrollando sin ningún tipo de restricciones y por cualquier usuario. También se establece una distinción entre videojuego y los denominados Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR) o las conocidas como ‘loot boxes’ o cajas botín. Estas medidas se desprenden del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso ABC, y que este viernes 1 de julio comienza los trámites de audiencia pública. Fuentes de Consumo avanzan que los interesados podrán hacer aportaciones hasta el próximo 23 de julio. Una vez que se valoren los añadidos realizados, la norma se aprobará en Consejo de Ministros para empezar el camino de tramitación en el Congreso como proyecto de ley.

Los mencionados mecanismos de recompensa o ‘loot boxes’ en los juegos permiten ir encadenando retos a cambio de pagar con moneda virtual, como criptomonedas o las obtenidas en el propio juego, o real. Actualmente existen dos modelos: los cofres de recompensa que están dentro de los juegos en pantalla o las páginas o plataformas de intercambio ajenas a estos juegos. Gracias a la compra de estos sobres, los jugadores pueden mejorar su rendimiento a cambio de pequeños pagos, que se van acumulando, y pueden suponer grandes desembolsos a la larga. Sin estos mecanismos, el entorno es mucho menos competitivo para los jugadores, que necesitarían muchas más horas para subir de nivel. A esto se une la opacidad que rige en estos cofres, donde los puntos se adjudican por sorteo, con lo que el usuario no sabe con antelación cómo será el premio.

Régimen sancionador

La futura ley fijará un régimen sancionador por infracciones con multas de hasta 25.000 euros por infracciones leves, y graves, con sanciones de 25.000 a 200.000 euros. En el caso de infracciones muy graves, las sanciones irán desde los 200.000 euros hasta los tres millones. También se contempla el cierre y clausura de los medios por los que se prestan los servicios o permiten la activación de estos mecanismos.

El fin de la norma, según aseguró el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a principios de junio, es «hacer la mejor ley posible para la protección del conjunto de los consumidores y de las personas que jugamos a los videojuegos». Asimismo, Garzón avanzó que España se convertirá en el primer país de Europa en disponer de «una ley específica» para regular las ‘loot boxes’.

Alegaciones

Aunque los planes del Ministerio de Consumo no eran ningún secreto, la industria del videojuego español ha recibido el borrador de la normativa con pesadumbre y ya prepara alegaciones, que serán presentadas próximamente a nivel nacional y europeo. El sector lamenta, especialmente, el daño que la regulación de las ‘loot boxes’ puede hacerle a la imagen del videojuego de cara a la sociedad. «Esperamos que esa comparación con el juego de azar nos provoque un gran daño reputacional y de imagen», explica en conversación con ABC José María Moreno, director de AEVI, patronal que engloba en España a las grandes empresas de la industria, como PlayStation, Xbox, Electronic Arts, Activision o Nintendo.

El directivo destaca que la ley de Consumo busca «romper la dinámica reguladora que hay a nivel europeo y puede suponer una fragmentación del mercado de videojuegos»: «Los más perjudicados van a ser las empresas internacionales que distribuyen videojuegos en España y las locales, que no son pocas. Es posible que provoque, además, que los usuarios españoles dejen de tener acceso a determinados títulos. Un videojuego se hace para todos los usuarios, adaptarlo a las peculiaridades de un mercado es muy complicado. Si la única excepción somos nosotros, no tengo claro que algunas propuestas puedan seguir llegando al país», remarca Moreno.

Aunque los planes del ministerio no eran ningún secreto, la industria del videojuego español ha recibido el borrador de la normativa con pesadumbre y ya prepara alegaciones, que serán presentadas próximamente a nivel nacional y europeo. El sector lamenta, especialmente, el daño que la regulación de las ‘loot boxes’ puede hacerle a la imagen del videojuego de cara a la sociedad. «Esperamos que esa comparación con el juego de azar nos provoque un gran daño reputacional y de imagen», explica en conversación con ABC José María Moreno, director de AEVI, patronal que engloba en España a las grandes empresas de la industria, como PlayStation, Xbox, Electronic Arts, Activision o Nintendo.

El directivo destaca que la ley del Ministerio de Consumo busca «romper la dinámica reguladora que hay a nivel europeo y puede suponer una fragmentación del mercado de videojuegos»: «Los más perjudicados van a ser las empresas internacionales que distribuyen videojuegos en España y las locales, que no son pocas. Es posible que provoque, además, que los usuarios españoles dejen de tener acceso a determinados títulos. Un videojuego se hace para todos los usuarios, adaptarlo a las peculiaridades de un mercado es muy complicado. Si la única excepción somos nosotros, no tengo claro que algunas propuestas puedan seguir llegando al país», remarca Moreno.

Por su parte, Emanuele Carisio, secretario técnico de DEV, patronal que engloba a pequeños y medianos estudios españoles y europeos, explica a este diario que la normativa “demoniza a un sector de futuro que puede ayudar a España a recuperarse económicamente»: «El sector lo que debería recibir son muestras de apoyo, que es lo que están intentando hacer todos los demás ministerios. Consumo va en dirección contraria, haciendo daño y de forma drástica».

Carisio señala que los ‘loot boxes’ ni siquiera son una forma de negocio que haya nacido en los videojuegos.«“Es similar a lo que ocurre cuando compras un sobre de cromos, que pagas pero no sabes lo que te va a tocar. Nadie pensaría en regular este tipo de coleccionables para niños, lo que sí que quieren que ocurra con las cajas botín en el videojuego, que simplemente adaptan al mundo digital algo que en el físico lleva ocurriendo toda la vida». El secretario técnico apunta que la medida se produce porque el mundo digital «sigue siendo un gran desconocido y genera más sospechas, porque tiene menos arraigo social y no cuenta con las mismas fuerzas para defenderse».

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